Desde la Presidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), manifestamos nuestra profunda preocupación ante la advertencia de que Costa Rica podría perder, a partir del 1.º de enero de 2027, el servicio permanente de análisis de amenazas de tsunami en tiempo real que brinda el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT), adscrito a la Universidad Nacional (UNA).
La protección de la vida humana no puede convertirse en una variable de ajuste presupuestario ni en un instrumento de confrontación institucional.
La situación anunciada exige respuestas concretas, responsabilidad administrativa y decisiones oportunas.
De acuerdo con la información divulgada por la propia Universidad Nacional, la reducción de personal prevista para 2027 impediría mantener la vigilancia permanente durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
Sin embargo, consideramos indispensable que, antes de debilitar un servicio esencial para la seguridad de miles de costarricenses, la Universidad Nacional demuestre que ha agotado todas las posibilidades de reorganización administrativa, optimización del gasto y reasignación interna de recursos.
No podemos aceptar que la primera respuesta ante una limitación presupuestaria sea poner en riesgo la continuidad de un servicio destinado a proteger vidas humanas.
Los datos aportados por las organizaciones de las comunidades costeras evidencian la magnitud de esta responsabilidad:
- Aproximadamente 315 comunidades costeras.
- 18 cantones costeros: 15 del Pacífico y 3 del Caribe.
- Alrededor de 700.000 habitantes permanentes.
- Una población expuesta que podría alcanzar los dos millones de personas durante la temporada alta turística.
Desde abril de 2014, el SINAMOT ha analizado más de 900 eventos con potencial de generar tsunamis. Su trabajo también comprende estudios científicos, capacitación, simulacros y acompañamiento a las comunidades.
No hablamos simplemente de mantener un programa universitario. Hablamos de proteger a familias, pescadores, trabajadores, comerciantes, niños y turistas. Hablamos de garantizar que nuestros gobiernos locales cuenten con información oportuna para tomar decisiones que pueden salvar vidas.
Por ello, desde la Presidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales:
PRIMERO. EXIGIMOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL presentar una explicación pública, técnica y presupuestaria sobre las decisiones que comprometen la continuidad del SINAMOT, así como valorar prioritariamente la reasignación de recursos internos para garantizar su funcionamiento permanente.
La autonomía universitaria conlleva también una enorme responsabilidad frente a la sociedad costarricense.
SEGUNDO. SOLICITAMOS A LA RECTORÍA DE LA UNA demostrar que se han revisado y optimizado los gastos administrativos no esenciales antes de reducir la capacidad operativa de un servicio estratégico para la protección de la vida.
TERCERO. HACEMOS UN LLAMADO A LAS ALCALDESAS Y LOS ALCALDES DE LOS 18 CANTONES COSTEROS para que impulsemos una posición conjunta en defensa de nuestras comunidades. La prevención de desastres es una responsabilidad compartida que debe trascender cualquier diferencia institucional o política.
CUARTO. SOLICITAMOS A LAS DIPUTACIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ejercer sus competencias de control político, requerir información sobre la situación presupuestaria del SINAMOT y promover las soluciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio.
QUINTO. INSTAMOS A LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) a participar activamente en una solución interinstitucional que permita preservar la capacidad nacional de análisis y alerta temprana.
SEXTO. MANIFESTAMOS NUESTRA DISPOSICIÓN A VALORAR LAS ACCIONES JURÍDICAS QUE CORRESPONDAN, incluyendo la eventual interposición de recursos de amparo, si se acredita una amenaza concreta a los derechos fundamentales de las poblaciones expuestas.
La discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas es legítima y debe atenderse por las vías institucionales correspondientes. Pero esa discusión no puede dejar desprotegidas a las comunidades costeras.
Costa Rica necesita universidades públicas fuertes, comprometidas con la investigación, la ciencia y el bienestar social. Precisamente por ello, esperamos que la Universidad Nacional coloque la protección de la vida entre sus prioridades esenciales.
La prevención no puede esperar a que ocurra una tragedia.
Desde los gobiernos locales defenderemos siempre el derecho de nuestras comunidades a vivir seguras y a contar con sistemas de alerta temprana confiables.
Con la vida de nuestro pueblo no se juega, no se improvisa y no se negocia.
María Gabriela Jiménez Corrales
Presidenta
Unión Nacional de Gobiernos Locales
